Tras 175 días esperando una solución, Archondo decide acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
El 14 de febrero la Abogada General, la Vicerrectora de Docencia y el Vicerrector de Investigación de la BUAP prometieron responder la impugnación presentada por el profesor Rafael Archondo a su evaluación curricular anual. Dos meses después, aquella promesa continúa sin cumplirse. Por ello, el demandante ha decidido recurrir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
A continuación, la carta enviada a esa instancia pública.
Distinguidos señores:
Mediante esta carta, deseo hacer entrega para su consideración formal, de la presente denuncia documentada contra las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), institución en la que trabajo desde enero de 2016.
Remito esta petición a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla debido a que ya han transcurrido 147 días desde que presenté a la BUAP una impugnación escrita a la evaluación curricular anual a la que fui sometido en noviembre del año pasado. Hasta la fecha no he recibido una respuesta que ponga fin a mi reclamo. En tal sentido, no me queda otra opción que acudir a un ámbito diferente de intervención pública.
Mi nombre es Rafael José Archondo Quiroga. Fui profesor hora clase de la Facultad de Comunicación de la BUAP entre enero y diciembre de 2016. Todo el año 2017 fui profesor a tiempo completo en la misma entidad, debido a que me fue otorgada una plaza por concurso de oposición. En 2018 se dispuso que no fuera recontratado por lo que me he visto obligado a cambiar de Facultad. Actualmente dicto materias en otros centros de la BUAP y fuera de ella.
La razón de mi alejamiento es que no aprobé la evaluación curricular anual aplicada a todos los docentes no definitivos de la Facultad el 8 de noviembre de 2016. El resultado desfavorable de mi evaluación me fue entregado el 22 de noviembre mediante oficio firmado por la Directora de la Facultad. Dicha evaluación comprendía del 1 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017.
Dos días después, el 24 de noviembre, impugné dicha decisión ante la Abogada General, la Vicerrectora de Docencia y el Secretario General de la BUAP. Mi principal argumento es que ni siquiera se me informó cuáles fueron los fundamentos de dicho resultado.
Poco después fueron publicadas las dos actas de las sesiones de evaluación en las que fui reprobado. Ha quedado demostrado que dichas acciones realizadas los días 13 y 14 de noviembre, contravinieron las mínimas normas de la imparcialidad y apego a la verdad. La evaluación fue realizada por cuatro profesores que también estaban siendo evaluados, los cuales se asignaron los puntajes más altos. Por otra parte, en la sesión del Consejo de Unidad Académica, la directora de la Facultad les mintió a los asistentes a la junta con el objetivo de consolidar mi evaluación desfavorable.
El 18 de enero de 2018 recibí una llamada telefónica de la oficina de la Abogada General pidiéndome que entregue nuevamente mi carpeta de evidencias a fin de realizar una nueva evaluación curricular. Dicha carpeta fue entregada de inmediato en dicha oficina.
El 8 de febrero, recibí la primera y hasta ahora única respuesta de la BUAP. Se trata de un nuevo oficio firmado por las vicerrectorías de docencia e investigación. En él se me entrega por primera vez un resultado detallado de mi evaluación, desglosando los puntos alcanzados. Sin embargo, se comete un grave error. En esta segunda instancia, ambos evaluadores afirman que el periodo de evaluación que consideraron es únicamente el año 2017. Esa decisión, tomada sin previo aviso, deja sin efecto las evidencias entregadas correspondientes a 2016. En una reunión convocada para el 14 de febrero, ambas autoridades corroboraron ese cambio, el cual también está planteado en su oficio del día 8. En esa ocasión les hice notar el error cometido y me prometieron una respuesta oportuna. Hasta la fecha no la he recibido.
A fin de cooperar con la elaboración de la segunda respuesta, el 15 de febrero presenté ante las dos vicerrectorías, ahora sí, una impugnación precisa en la que exijo que se aclare cuál es el periodo de evaluación asumido y en la que adjunto varias constancias del periodo agosto-diciembre de 2017. Del mismo modo, les hago notar que el factor 24 de la evaluación, referido a actividades académicas, fue cumplido por mi persona de manera irrefutable, independientemente de cuál sea el periodo de evaluación decidido. Si se tomaría en cuenta este reclamo, mi evaluación terminaría siendo favorable.
A pesar de varias cartas electrónicas dirigidas al Rector de la BUAP, solo he recibido promesas telefónicas de respuesta a mi reclamo.
Por todo lo expresado, solicito a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla haga valer mi derecho a réplica y sobre todo mi derecho a petición y pronta respuesta dentro de las instancias correspondientes de la BUAP.
A continuación, la carta enviada a esa instancia pública.
Distinguidos señores:
Mediante esta carta, deseo hacer entrega para su consideración formal, de la presente denuncia documentada contra las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), institución en la que trabajo desde enero de 2016.
Remito esta petición a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla debido a que ya han transcurrido 147 días desde que presenté a la BUAP una impugnación escrita a la evaluación curricular anual a la que fui sometido en noviembre del año pasado. Hasta la fecha no he recibido una respuesta que ponga fin a mi reclamo. En tal sentido, no me queda otra opción que acudir a un ámbito diferente de intervención pública.
Mi nombre es Rafael José Archondo Quiroga. Fui profesor hora clase de la Facultad de Comunicación de la BUAP entre enero y diciembre de 2016. Todo el año 2017 fui profesor a tiempo completo en la misma entidad, debido a que me fue otorgada una plaza por concurso de oposición. En 2018 se dispuso que no fuera recontratado por lo que me he visto obligado a cambiar de Facultad. Actualmente dicto materias en otros centros de la BUAP y fuera de ella.
La razón de mi alejamiento es que no aprobé la evaluación curricular anual aplicada a todos los docentes no definitivos de la Facultad el 8 de noviembre de 2016. El resultado desfavorable de mi evaluación me fue entregado el 22 de noviembre mediante oficio firmado por la Directora de la Facultad. Dicha evaluación comprendía del 1 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017.
Dos días después, el 24 de noviembre, impugné dicha decisión ante la Abogada General, la Vicerrectora de Docencia y el Secretario General de la BUAP. Mi principal argumento es que ni siquiera se me informó cuáles fueron los fundamentos de dicho resultado.
Poco después fueron publicadas las dos actas de las sesiones de evaluación en las que fui reprobado. Ha quedado demostrado que dichas acciones realizadas los días 13 y 14 de noviembre, contravinieron las mínimas normas de la imparcialidad y apego a la verdad. La evaluación fue realizada por cuatro profesores que también estaban siendo evaluados, los cuales se asignaron los puntajes más altos. Por otra parte, en la sesión del Consejo de Unidad Académica, la directora de la Facultad les mintió a los asistentes a la junta con el objetivo de consolidar mi evaluación desfavorable.
El 18 de enero de 2018 recibí una llamada telefónica de la oficina de la Abogada General pidiéndome que entregue nuevamente mi carpeta de evidencias a fin de realizar una nueva evaluación curricular. Dicha carpeta fue entregada de inmediato en dicha oficina.
El 8 de febrero, recibí la primera y hasta ahora única respuesta de la BUAP. Se trata de un nuevo oficio firmado por las vicerrectorías de docencia e investigación. En él se me entrega por primera vez un resultado detallado de mi evaluación, desglosando los puntos alcanzados. Sin embargo, se comete un grave error. En esta segunda instancia, ambos evaluadores afirman que el periodo de evaluación que consideraron es únicamente el año 2017. Esa decisión, tomada sin previo aviso, deja sin efecto las evidencias entregadas correspondientes a 2016. En una reunión convocada para el 14 de febrero, ambas autoridades corroboraron ese cambio, el cual también está planteado en su oficio del día 8. En esa ocasión les hice notar el error cometido y me prometieron una respuesta oportuna. Hasta la fecha no la he recibido.
A fin de cooperar con la elaboración de la segunda respuesta, el 15 de febrero presenté ante las dos vicerrectorías, ahora sí, una impugnación precisa en la que exijo que se aclare cuál es el periodo de evaluación asumido y en la que adjunto varias constancias del periodo agosto-diciembre de 2017. Del mismo modo, les hago notar que el factor 24 de la evaluación, referido a actividades académicas, fue cumplido por mi persona de manera irrefutable, independientemente de cuál sea el periodo de evaluación decidido. Si se tomaría en cuenta este reclamo, mi evaluación terminaría siendo favorable.
A pesar de varias cartas electrónicas dirigidas al Rector de la BUAP, solo he recibido promesas telefónicas de respuesta a mi reclamo.
Por todo lo expresado, solicito a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla haga valer mi derecho a réplica y sobre todo mi derecho a petición y pronta respuesta dentro de las instancias correspondientes de la BUAP.