El día jueves 30 de noviembre se discutió en la cámara de diputados la propuesta de “La ley de seguridad interior” que comprende otorgar a las administraciones estatales o locales la facultad de solicitar apoyo federal de fuerzas armadas para contención de situaciones en caso de una amenaza a la seguridad pública o integridad de una zona geográfica o entidad determinada.
Dicho apoyo no podrá extenderse por más de un año y excluye de forma directa a las manifestaciones civiles o políticas de la naturaleza de “amenaza a la seguridad”.
“Las manifestaciones de protesta social que tengan un motivo político electoral y que se realicen pacíficamente de conformidad con la constitución política, bajo ninguna circunstancia serán considerados como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”, señala el documento.
Además se afirma que los integrantes de las fuerzas federales y las fuerzas armadas podrán realizar acciones de Investigación y detención en casos de crimen organizado, y que dichos procesos serán realizados bajo las normas dictadas por la legislación federal y bajo la tutela de las administraciones locales en conformidad con los derechos humanos.
La Declaratoria de protección a la seguridad interior solo podrá ser dictada por el presidente de la nación o solicitada por las legislaturas locales, lo que excluye a los civiles en la toma de decisión al declarar a su localidad o estado una zona de inseguridad interior.
Lo anterior ha polarizado la cámara de diputados. Por un lado la bancada del PRI declara que con este tipo de acciones se fortalece la seguridad y ofrece a las administraciones locales la facultad de solicitar apoyo federal para afianzar su lucha en este terreno. Mientras que la postura de los integrantes de MORENA es que este tipo de medidas resultan totalitarias y excluyen a la sociedad de su derecho a decidir sobre sus comunidades y llaman a los pobladores a informarse y protestar en contra de la Ley.
“Las manifestaciones de protesta social que tengan un motivo político electoral y que se realicen pacíficamente de conformidad con la constitución política, bajo ninguna circunstancia serán considerados como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”, señala el documento.
Además se afirma que los integrantes de las fuerzas federales y las fuerzas armadas podrán realizar acciones de Investigación y detención en casos de crimen organizado, y que dichos procesos serán realizados bajo las normas dictadas por la legislación federal y bajo la tutela de las administraciones locales en conformidad con los derechos humanos.
La Declaratoria de protección a la seguridad interior solo podrá ser dictada por el presidente de la nación o solicitada por las legislaturas locales, lo que excluye a los civiles en la toma de decisión al declarar a su localidad o estado una zona de inseguridad interior.
Lo anterior ha polarizado la cámara de diputados. Por un lado la bancada del PRI declara que con este tipo de acciones se fortalece la seguridad y ofrece a las administraciones locales la facultad de solicitar apoyo federal para afianzar su lucha en este terreno. Mientras que la postura de los integrantes de MORENA es que este tipo de medidas resultan totalitarias y excluyen a la sociedad de su derecho a decidir sobre sus comunidades y llaman a los pobladores a informarse y protestar en contra de la Ley.